Desmontando el independentismo catalán

No voy a tratar en esta entrada de desmontar el independentismo como ideología nacionalista, ya que éste es totalmente respetable, sino que trataré de desmontar los diferentes argumentos con las que los nacionalistas catalanes intentan sostenerlo. Son muchos y variados los temas con los que han tratado de defender esa postura ideológica, desde el famoso "Espanya ens roba" (España nos roba), pasando por sus invenciones históricas, su mal empleado derecho a la autodeterminación o su permanencia en la UE pese a la independencia, entre otras.

Todo nacionalismo surge de una continua evocación a la patria, a la identidad, a la cultura o a la lengua y es cierto que existe una cultura catalana, al igual que gallega, vasca, castellana o andaluza, e incluso lenguas como el euskera, el gallego, el catalán y evidentemente, el castellano. Han sido muchos los ejemplos que el nacionalismo nos ha dado de la manipulación de la historia, o si no, al menos, de como ha intentado acercarla a sus intereses. El nacionalismo catalán no iba a ser menos. Uno de los órganos que se encarga de promover esta manipulación de la historia es la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que nos deja invenciones tan burdas como las que aparecen en este vídeo de una conferencia de Victor Cucurull:

Fuente: Dolça Catalunya

El nacionalismo catalán marca como fecha clave el 11 de septiembre de 1714 (a raíz de entonces, según los nacionalistas, se perdió la independencia catalana y lo conmemoran con el famoso Día de la Dìada). Esta fecha está enmarcada dentro de la Guerra de Sucesión española (1701-1713). Antes de la muerte de Carlos II, al no tener descendencia, se nombra heredero a Felipe de Anjou (Felipe V), borbón, nieto de Luis XIV de Francia. Este nombramiento supuso una fuerte alianza con Francia; sus principales apoyos los recibiría desde Castilla. La unión hispanofrancesa, despertó los recelos del resto de potencias, Inglaterra, Holanda y Portugal, que promovieron el nombramiento de Carlos de Habsburgo, de los austrias, y cuyos principales apoyos estaban en Aragón, y, por ende, Cataluña. Esta división de los apoyos no significa que Castilla fuera plenamente borbónica y Aragón (Cataluña), austricista. Finalmente la Guerra de Sucesión terminó con la victoria borbónica, plasmada en el Tratado de Utretch de 1713; y en 1714 se produjo la caída de Barcelona, último bastión en favor de Carlos de Habsburgo como Rey de España.

Otra de las armas de la manipulación histórica, es la resurrección del pancatalanismo, ejemplificada en los Països Catalans, que comprenderían: Cataluña, franja de Aragón, C. Valenciana, Baleares, el sur de Francia (Rosellón), Andorra y la ciudad italiana de Alguer. Estos territorios son pretendidos por el nacionalismo catalán pese al continuo rechazo de los gobiernos autonómicos, como el reciente caso valenciano (Fabra rechaza los Países Catalanes).

Otro de los argumentos esgrimidos por el nacionalismo catalán, sobre todo en lo referente a la realización de la consulta, es el del reconocimiento del derecho de autodeterminación. Este derecho, recogido en la Carta de las Naciones Unidas (Derecho de Libre Autodeterminación), reconoce la posibilidad de los pueblos a la libre determinación siempre que, como recoge en su Resolución 2625(XXV): “ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes (de la Resolución) se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”. Es decir, un pueblo (el catalán), con representación en las Cortes Generales (24 senadores y 47 diputados), divididos en diferentes ideologías, no pueden recurrir a este derecho exclusivo de pueblos sometidos o con privaciones en sus derechos o igualdades puesto que, sencillamente, no se producen tales vulneraciones. 

Debido a estas diferencias en lo que derecho de autodeterminación supone y la situación real de la sociedad catalana, es imposible establecer una comparación con casos como la independencia de Kosovo por mucho que el nacionalismo catalán lo tenga como referencia. Es curioso además la continua incoherencia de los argumentos nacionalistas, visible en una de las últimas sesiones del Parlamento de Cataluña, donde se ha negado el reconocimiento del derecho de autodeterminación de palestinos y saharauis, teniendo en cuenta que la propia ONU ya reconoce a Palestina como Estado Observador.

Dejando de lado estos argumentos históricos y jurídicos vayamos ahora a los aspectos económicos que sustentan esta posición ideológica. Voy a empezar, como no podía ser de otra manera, con el ya mencionado "España nos roba". Esta manida frase escenificaba el supuesto expolio fiscal que realiza la Administración Central sobre Cataluña. La Generalitat la cifraba en más de 16.000 millones de euros (diferencia entre lo que aporta y lo que recibe). Bien es cierto que es de las comunidades que más aporta a las arcas del Estado (sólo por detrás de Madrid), pero también es cierto que, por ejemplo, las principales empresas a nivel nacional, aunque su actividad se distribuya por todo el territorio, sus tributaciones (el pago de impuestos) se producen en estas dos comunidades. Esta cifra anunciada por el equipo de Artur Mas se verá reducida sustancialmente en las próximas "cuentas públicas regionalizadas" que anunciará el ministro Cristobal Montoro durante el verano. Datos que ya se adelantaban un año antes desde la plataforma Convivencia Cívica Catalana en su publicación "El maquillaje de la balanza fiscal de Cataluña". Otro de los aspectos a tener en cuenta, sería la no inclusión de actividades como las de las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Exteriores como inversiones en Cataluña, ya que en su opinión, esas actividades no benefician a la comunidad autónoma puesto que sus recursos son gestionados desde Madrid.

A pesar de la perenne discrepancia respecto a estas balanzas, los propios asesores del presidente catalán han abogado por cambiar de discurso, siendo conscientes que además de estar manipulado puede dar una imagen de poca solidaridad respecto al resto de CC.AA. La realidad palpable, si se bucea un poco en los datos económicos, es que la Generalitat de Cataluña sufre de una pésima gestión, puesto que se trata de la comunidad autónoma con la mayor deuda (situada en más de 57.000 millones en 2013) y que, demagógicamente, ya ha necesitado de la ayuda del Estado (Fondo de Liquidez Autonómico) para recibir más de 6.600 millones en 2012 y más de 10.500 en 2013 para el pago de vencimiento de la deuda. Mientras tanto, continúan con sus pretensiones (incoherentes respecto a la situación económica) como la creación de un CNI catalán, una Hacienda propia, las subvenciones al doblaje en catalán, las ayudas a los medios de comunicación catalanes e incluso, como se ha publicado recientemente, un ejército. 

Por último, pero no por ello menos importante, me gustaría hacer hincapié en la posición de esta hipotética Cataluña independiente en la escena internacional. El no reconocimiento en el derecho internacional de una declaración unilateral de independencia abocaría la nueva Cataluña a un limbo jurídico que la excluiría automáticamente de la ONU, la UE (y con ella, del euro) y la OTAN por numerar algunas. Esta salida se produciría por el no reconocimiento de Cataluña como Estado por la comunidad internacional, lo que le imposibilitaría el pedir el acceso a los mismos (es el caso de Osetia y Abjasia). Si suponemos que finalmente este reconocimiento se produce, la entrada en estas organizaciones aún debería ser votada en el caso de la ONU, a petición del Consejo de Seguridad con mayoría de 9 votos (incluyendo los 5 con poder de veto, EE.UU, Rusia, China, Reino Unido y Francia) y posteriormente por 2/3 de la Asamblea General; en el caso de la UE y la OTAN por unanimidad de sus miembros. Son situaciones complejas en las que, en el caso de UE y OTAN, España tendría el poder de vetar esa entrada. Son numerosos los líderes internacionales y cargos europeos que han manifestado estas realidades a pesar de las insistencias de Artur Mas.  

Estamos pues, ante un debate al que nos ha llevado el actual modelo autonómico, cediendo una competencia básica como es la educación, y que en aquellas comunidades autónomas en las que han gobernado los nacionalistas se ha convertido en un arma, puesto que el adoctrinamiento histórico que viven las nuevas generaciones es palpable. Esto ha sido posible en parte debido al interés político de los dos grandes partidos (PP-PSOE), que en diferentes etapas han facilitado el gobierno de CiU a cambio de apoyar a éstos en el Congreso. Como bien dice el refranero español "de aquellos polvos, estos lodos" y aunque es tarde para cambiar la situación no hay nada más fuerte que la verdad y la realidad (tanto histórica como jurista) para hacer frente a la manipulación que desde el gobierno y gracias a instituciones públicas como los medios de comunicación, se está llevando a cabo. El actual nacionalismo se ha ido alimentando de una mano que ha manejado irresponsablemente la Administración Central, una mano que cada vez ha ido recibiendo más mordiscos y que difícilmente va a ser reconstruida.

Ya lo dijo Otto von Bismarck: "España es el país más fuerte del mundo. Los españoles llevan siglos intentando destruirlo y aún no lo han conseguido".

Mejor unidos.

A golpe de... ¿referéndum?

Estamos siendo partícipes de un hecho histórico. Por primera vez en nuestra joven democracia se produce un relevo en la Jefatura de Estado. Una Jefatura de Estado que ha sido vital en el desarrollo económico, político y social de España y que fue eje conciliador en nuestra Transición. No son pocas, sin embargo, las voces que, desde el anuncio de la abdicación del Rey Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI, claman por un referéndum que posibilite un cambio en el modelo de Estado, en su opinión obsoleto, en favor de otro (también en su opinión) más democrático como es la república. 

Son, no obstante, numerosas las virtudes del modelo actual y así las recogía el Rey en su discurso de investidura: "la independencia de la Corona, su neutralidad política y su vocación integradora ante las diferentes opciones ideológicas, le permiten contribuir a la estabilidad de nuestro sistema político, facilitar el equilibrio con los demás órganos constitucionales y territoriales, favorecer el ordenado funcionamiento del Estado y ser cauce para la cohesión de todos los españoles". Es imposible recoger de manera más clara las virtudes de este sistema La neutralidad política es clave para dar estabilidad a un sistema, independientemente de quien esté en el gobierno. Esa neutralidad puede favorecer que las relaciones exteriores, por ejemplo, faceta en la que Juan Carlos I ha sido, es y será imprescindible, puedan gozar de la independencia política necesaria que, en caso contrario, vendrían marcadas por la orientación política del Jefe de Estado ("politizado") de turno. 

Algunos de los importantes proyectos de las empresas españolas, en el exterior, se están llevando a cabo en lugares donde la figura de don Juan Carlos I es reconocida y admirada, lo que ha permitido, por lo tanto, la apertura de puertas a nuestras empresas a mercados donde hasta ese momento era difícil llegar (como la construcción del Ave La Meca - Medina o el Metro de Riad, cada una estimada en más de 6000 millones de euros). En cualquier caso, aún hay gente , como recoge el escritor Pérez-Reverte en su "Patente de Corso" del 9 de Junio de 2014 (Somos gilipollas), que es capaz de criticar esta labor basándose en los pocos valores democráticos de dichos países. Sin esta neutralidad política, España se vería abocada a un constante cambio en dicha figura, que no gozaría, ni de lejos, de la preparación que ha recibido el hasta ahora Príncipe de Asturias o de la ascendencia de la monarquía española, y cuya proyección exterior dependería de su orientación ideológica. 

La nueva y dividida izquierda política, encabezada por el surgimiento de la formación política Podemos, seguida por Izquierda Unida, han sido los abanderados (nunca mejor dicho) de la tricolor, demandando un referéndum que someta a votación el citado cambio de modelo. Estas posiciones discordantes se han basado en varios argumentos. Por un lado, el creciente descontento hacia la Casa Real debido especialmente al Caso Noos, que afectaba directamente a Urdangarín y la Infanta Cristina. Por otro lado, el "extenso gasto" anual que tiene la Casa Real. Pero por encima de todos, el argumento social, basado en que es el pueblo quien debe decidir el modelo político de España, puesto que "nunca se ha votado".

Voy a comparar, por una parte, económicamente nuestra Jefatura de Estado con otras monarquías europeas y repúblicas y voy a demostrar, por otra, cómo el actual modelo sí se ha votado. Empezando por el cuestionamiento del voto, hay que recordar que el actual modelo de Estado (monarquía parlamentaria) viene recogido en el articulo 1.3 del Titulo Preliminar de nuestra Constitución. Una Constitución que fue refrendada el 6 de diciembre 1978 con una participación del 67,11% y en la que salió aprobada por un 88,54% de los votos. Como muchos critican, esta Constitución tiene 36 años de historia y muchos sostienen que gran parte de la población actual no estuvo entonces para votarla. Quizás olvidan que la Constitución estadounidense, la más antigua del mundo, data de 1787 y en ella aparecía implícita la república como forma de gobierno. Una forma de Estado que nadie cuestiona en la actualidad si debe o no someterse a referéndum porque la población actual no votó entonces (han pasado más de 225 años). Además, cabe destacar que en 1978, el PSOE fue el principal defensor de la república (mientras que el Partido Comunista, con Santiago Carrillo a la cabeza, votó a favor de la monarquía) y ahora, sin embargo, se posiciona a favor de la monarquía siendo consciente de la inestimable labor que ha realizado. 

Volviendo al tema económico, compararé primero con otras monarquías y posteriormente con modelos republicanos. Junto con la española, son varias las monarquías que hay en Europa, casi todas en los países del norte. Los presupuestos en todas ellas son muy diferentes, pero hay que tener en cuenta las partidas que éstos recogen, ya que algunas como la española, mantienen partidas dependientes de otros ministerios de las que (lamentablemente) se desconocen su cuantía real. La partida de los PGE destinada a la Casa Real española, para 2014, consiste en 7.775.040€ (disponible en la web de la Casa Real). Esta partida se ha visto reducida en un 2% respecto al año anterior y en más de un millón de euros respecto a 2010. Este presupuesto no es, ni mucho menos, el sueldo de los Reyes de España. De esta partida, y antes de impuestos (un 40% de IRPF para el Rey y un 37% para el Príncipe), los sueldos estarían establecidos de la siguiente manera: 292.752 para el Rey y 146.376 para el Príncipe. De estas cantidades, aproximadamente una mitad iría destinada al sueldo en sí y la otra a los gastos de representación. Tras la abdicación estas partidas se verán reducidas, ya que la Princesa de Asturias no recibirá salario alguno hasta su mayoría de edad. De todo ese presupuesto destinado a la Casa Real la mayor partida va destinada a los sueldos de sus empleados (137), que se llevarían en torno a 4 millones de euros. A estas partidas, habría que añadir los gastos en los viajes oficiales, dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el mantenimiento de los vehículos que corresponde a Hacienda y la Guardia Real, que corresponde a Defensa. Por su parte, las residencias de los monarcas forman parte del Patrimonio Nacional. Podríamos señalar que el presupuesto ascendería presumiblemente hasta los 25 millones de euros.

La monarquía británica, por su parte, presenta un desglose de sus presupuestos mucho más transparente. Su retribución asciende a 42 millones de €, de los que se quedan fuera gastos tan importantes como los gastos en ceremonias y seguridad además de contar aparte con la retribución del Príncipe Carlos, que no se incluye en esas cifras. Por otro lado, otras coronas como la holandesa, reciben alrededor de 40 millones de €; la danesa en torno a los 13 millones de €, que además están auditados por una multinacional; la sueca aproximadamente 5 millones; la noruega cerca de 25, como la española; Bélgica ronda los 8 al igual que la luxemburguesa. Son cifras muy dispares si atendemos sobre todo al número de habitantes de cada uno de los países, para ver a cuantos euros sale la monarquía por habitante. Vemos como en relación habitantes - coste, España no está ni muchísimo menos entre las más caras aunque si podría tener una mayor transparencia tal y como demanda la sociedad.

Si pasamos ahora a la comparación con las repúblicas, debemos diferenciar primero entre aquellas presidencialistas, en las que el jefe de estado si tiene funciones, como la francesa o la estadounidense, de otras cuya jefatura no las tienen como la italiana o la alemana y se asemejan por tanto más a un sistema monárquico. En Grecia por ejemplo, una de las más opacas, el presupuesto ronda los 6 millones de euros, con un salario de 280.000€ más 90.000€ en gastos de presentación. La Alemana, dispone de unos 20 millones de euros, con un salario de 200.000€ (con un Jefe de Estado que no es elegido por los ciudadanos sino por legisladores y gobernadores de Estados), muy inferior al de la Canciller Angela Merkel (230.000 + 42.000 por ser parlamentaria) y en los mismos niveles anda la Jefatura de Estado de Portugal, con unos 15 millones destinados al Presidente de la República. Presupuestos nada desdeñables para unos representantes que ni siquiera recogen las funciones de Jefe de Estado del Rey de España, con una efectividad de representación en el extranjero casi nula. Si nos trasladamos a la vecina República Italiana, es dónde encontramos, de largo, la Jefatura de Estado más cara de Europa con un presupuesto de mas de 220 millones de euros, de los cuales la mitad va destinada exclusivamente a personal (más de 900). Un presupuesto nada transparente a pesar de su inmensidad y que contiene los 240.000 euros anuales que percibe su presidente, Giorgo Napolitano. 

Si nos movemos ahora a dos de la repúblicas presidencialistas por excelencia, la francesa y la estadounidense, vemos como en ambos casos son presupuestos elevados, pero hay que tener en cuenta que sus presidentes tienen funciones de gobierno reales. En el caso francés el presupuesto supera los 100 millones y su salario fue elevado en 2010 un 140% para igualarlo al recibido por el Primer Ministro,  y asciende a unos 240.000 euros anuales, en la linea de los demás Jefes de Estado europeos. Si nos situamos ahora en Estados Unidos, su presupuesto asciende a más de 1.000 millones de euros al año, incluyendo todo tipo de partidas, desde los viajes en el Air Force One hasta las pensiones vitalicias de ex-presidentes como Clinton o Bush y con un salario para Barack Obama de en torno a 400.000€.

Tras esta valoración entre monarquías y repúblicas, he demostrado que económicamente puede haber muchas diferencias, pero que nuestra Jefatura de Estado, sin ser todo lo transparente que debiera, no está entre las que más gasto suponen, incluso si comparamos las funciones que llevan a cabo respecto a otros Jefes de Estado. Por otra parte, he recordado que el modelo de Estado ya fue refrendado por los españoles y que la actual "marea republicana" atiende al auge que han tenido partidos de extrema izquierda como Podemos, con una gran presencia en las redes sociales y un gran poder de convocatoria para realizar actos reivindicativos en las calles. Además, he señalado que la preparación, para ejercer un puesto tan relevante como es el de Jefe de Estado, del nuevo monarca, difícilmente va a ser igualada por cualquier persona que pudiesen presentar los partidos políticos para la Jefatura de Estado, siendo la población española además, partícipes de un sistema de partidos en el que imperan las listas cerradas y que por tanto la aportación de la ciudadanía para la elección de otro Jefe de Estado sería casi nula, ya que el candidato sería presentado por los partidos en función, probablemente, de sus propios intereses y no de los intereses generales. 

Considero, además, que quien mire al pasado, o al presente se perderá el futuro, como decía el presidente Kennedy, y que por lo tanto no es necesario remontarse a comparaciones con las anteriores repúblicas que ha habido en España, una, la primera, que apenas duró unos meses, y otra, la segunda, que acabo en la más incivil de nuestras guerras civiles. Confiemos en los valores que encarna el Rey Felipe VI como nexo de unión todos los españoles y rompamos una lanza en favor de sus palabras: "una monarquía renovada, para un tiempo nuevo".